26/09/2024.- (abogacia.es) El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado hoy en Toledo la plena implementación de todas aquellas medidas que implican a los profesionales del sector y que ya están contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Durante la inauguración de la décimo segunda edición de las jornadas organizadas por el propio Consejo, González expuso que deben implementarse sin demora algunos aspectos ya acordados como la preceptividad letrada en todos los casos de violencia de género antes de interponer la denuncia ante los cuerpos policiales. O como la comunicación a los Colegios de la Abogacía de los casos de violencia de género detectados, así como que se dote del número de letrados suficiente a los Turnos de guardia especializados.

El máximo representante de la Abogacía Española también alertó en su intervención sobre los riesgos de llevar a cabo una excesiva concentración de los órganos especializados, produciendo con ello un alejamiento de la justicia con respecto a las propias víctimas, que son quienes deben ocupar el centro del abordaje legal de estos casos.

Salvador González también aludió a la importancia de llevar a cabo una evaluación de los primeros 20 años de la ley de Violencia Integral contra la Violencia de Género sin olvidar la necesidad de combatir nuevas formas de violencia, como la que se produce a través del mundo digital, o la aparición del fenómeno entre los adolescentes, entre quienes parece no estar calando el esfuerzo en formación por evitar que la violencia de género se perpetúe en las próximas generaciones.

“A ello quieren contribuir estas jornadas desde la formación más completa y especializada. Y con ellas, un año más, ponemos a disposición de la sociedad y de las víctimas de violencia de género una Abogacía de talento y altamente cualificada, a la que además le sobra pasión, sensibilidad y compromiso”, concluyó González.

En el acto de inauguración también participaron Sara Simón, consejera de Igualdad de la Junta de Castilla-La Mancha; Ángel Cervantes, decano del Colegio de la Abogacía de Toledo; María Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación Provincial de Toledo; Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía; y Carlos Ángel Devia, subdelegado del Gobierno en Toledo.

Cervantes resaltó el compromiso de la Abogacía con la formación continua, especialmente en un tema de tal relevancia. “Con estas jornadas aspiramos a alcanzar la excelencia en la defensa de las víctimas, porque las cifras son alarmantes: 1.279 víctimas desde 2003”. Además, coincidió con el presidente de la Abogacía en la importancia de la asistencia legal, tanto antes como durante la presentación de la denuncia.

Por su parte, Rodríguez Santocildes hizo una llamada a todas las instituciones para asumir un compromiso colectivo en la lucha contra la violencia, con el objetivo de lograr “una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia”. También solicitó una reforma de la ley de justicia gratuita que incluya la violencia sexual, así como la creación de una ley específica para la trata de personas.

Sara Simón destacó la importancia de la educación en igualdad desde la infancia, subrayando la necesidad de mejorar las herramientas de prevención y de fortalecer la protección a las víctimas, especialmente en los centros de acogida del ámbito rural. “Es allí donde debemos intensificar nuestras acciones”, señaló.

Carlos Devia, subdelegado del Gobierno en Toledo, puso de relieve el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo a través de recursos materiales y personal, sino también mediante la formación especializada de las diferentes unidades. Asimismo, recalcó la relevancia de la cooperación institucional: “Muchos casos de violencia se nos escapan por falta de coordinación”.

Finalmente, María Concepción Cedillo informó que la Diputación ha realizado más de 1.000 intervenciones en casos de violencia en la provincia durante 2023. También destacó la implementación de programas de sensibilización y acompañamiento, en colaboración con asociaciones de mujeres, para favorecer la integración social de las víctimas.